El Catastro del Marqués de la Ensenada se empezó a realizar en 1749, durante el reinado de Fernando VI, con el objetivo de realizar una reforma fiscal y establecer un sistema tributario mas justo y equitativo, para que cada uno pagase "a proporción de lo que cada uno tiene, con equidad y justicia". Como paso previo a esta futura reforma fiscal, entre los años 1750 y 1754, se realizó una gran encuesta, o "interrogatorio", sobre todos los pueblos del antiguo reino de Castilla. Los documentos que recogen esta encuesta se conocen como Respuestas Generales del Catastro de Ensenada.

En cada pueblo se pregona y publica el bando con la orden del Rey y se eligen los representantes y peritos que han de responder al interrogatorio, que constaba de cuarenta preguntas. Las respuestas se hacen bajo juramento, ante el Intendente de la provincia, o juez en quien delegue, y son escritas literalmente por el escribano. Las Respuestas Generales se enviaron a la capital de cada provincia, donde se hizo una copia compulsada para cada pueblo y otra copia que se envió al Archivo General de Simancas; éstas últimas son las que se conservan, salvo algunas excepciones.

Además del interrogatorio recogido en las las Respuestas Generales, se realizaron otras actuaciones que quedaron recogidas en otros libros o documentos: el Libro de Catastro con la relación individual de bienes; el Libro de lo Real con la relación de bienes y rentas; y los Padrones con la filiación de cada cabeza de familia. Todos los datos son comprobados y certificados por los peritos y se leen y hacen públicos para conocimiento de todos los vecinos, con la intención de que nada quedara oculto; por esta razón se consideran muy fiables los datos recogidos.

Hacia 1756 estaba concluido el Catastro en las 22 provincias que entonces formaban la Corona de Castilla, pero el nuevo sistema fiscal nunca llegó a ponerse en marcha y la idea se abandonó definitivamente.